La liquidación de las cuentas de 2017 determinó un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se solucionará con el Plan Económico Financiero aprobado en el pleno de ayer
Tras la liquidación de las cuentas del ejercicio 2017, el Equipo de Gobierno llevará a cabo un Plan Económico-Financiero por el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al sobrepasar el gasto en 328.700 Euros, a pesar de tratarse de remanentes de tesorería. Esta medida ha sido avalada por los servicios financieros del Ayuntamiento, no es la primera vez que se implanta, y desde que se aprobó esta ley a nivel nacional, se ha convertido en la solución que utilizan tanto administraciones locales y como regionales en estos casos.
Según el Equipo de Gobierno, se trata de una ley injusta que castiga a las administraciones menores por gastarse el dinero que tienen ahorrado, tanto en tesorería como en superávit, para presentar cuentas saneadas a la Unión Europea, por lo que penalizan el gasto de sus propios fondos. A pesar de ello, la situación económica del consistorio cumple con el resto de los indicadores de esta misma ley, con 6.638.352 euros de remanente de tesorería, un ahorro neto de 1,486.854’20 euros y una deuda que supone el 4,38 % del presupuesto. El Equipo de Gobierno defiende que no van a llevar a cabo medidas impositivas, es decir, que no subirán los impuestos para paliar esta situación, así como tampoco realizarán recortes importantes, sino que cumplirán el plan para que se extinga por sí mismo.
Este punto del orden del día contó con el voto positivo del Partido Popular, que aseguró que se veían obligados a aprobarlo por responsabilidad, aunque aconsejó al Equipo de Gobierno a que lo cumpla y no afecte a las posibles inversiones de 2020.
Izquierda Unida también aprobó este punto alegando que se sumaban a esta forma de rebelarse contra una ley que consideran injusta y que castiga a los ayuntamientos por gastar su propio dinero, a pesar de contar con unas cuentas saneadas.
Quienes sí se opusieron a este asunto, aunque optaron por la abstención, fueron los grupos municipales de Ciudadanos y del Partido Riojano. En el caso de la formación naranja, la Portavoz Virginia Domínguez aseguró que no avalaría una gestión económica municipal con la que no está de acuerdo y que la buena situación económica es una herencia del gobierno anterior.
La Portavoz del PR, Rita Beltrán, aseguró por su parte que llevar a cabo este plan no es algo positivo, que el Equipo de Gobierno no está haciendo nada y que las únicas inversiones que se han hecho corresponden al mantenimiento propio de la ciudad, pasando además por incumplir las leyes.
A pesar de las discrepancias, finalmente se aprobó el plan económico financiero por mayoría, una medida que recoge el propio Ministerio de Hacienda, a la que las administraciones se han acogido en los últimos años. Sin ir más lejos, de las 17 comunidades autónomas de nuestro país, 12 se han acogido a esta solución este año, entre ellas la Comunidad Autónoma de La Rioja.
